Las dos polémicas más recientes fueron la renuncia del
presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la posibilidad en días de que el
ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, vaya a la
cárcel. Mientras tanto, los anuncios oficiales en Venezuela se han concentrado
apenas en exigir la terminación de las obras, sin que hasta ahora se inicie una
investigación en el segundo país en el que la constructora pagó más sobornos a
las autoridades.
Dos veces se ha referido el presidente Nicolás Maduro a
la constructora brasileña Odebrecht desde que explotó el caso Lava Jato. La
primera, el 5 de febrero de 2017, para exigir la terminación de las obras
regadas por todo el país; y la segunda, el lunes 26 de marzo, más de un año
después, para exactamente lo mismo. Sobre las investigaciones que han generado
un verdadero temblor político en la región, sigue habiendo silencio oficial.
Venezuela es el segundo país de América Latina en el que
la constructora pagó más sobornos a las autoridades, específicamente 98
millones de dólares, de acuerdo con declaraciones en 2017 de Marcelo Odebrecht,
ex presidente de la empresa.
Pero mientras las investigaciones en toda América Latina
avanzan, en Venezuela no han generado averiguaciones de parte de la Fiscalía,
que se ha concentrado en casos de corrupción vinculados a la estatal Pdvsa.
En Perú, en cambio, los vínculos con la constructora precipitaron la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski la semana pasada. El mandatario había estado en el ojo del huracán en los últimos meses, tras ser acusado por el Congreso de “permanente incapacidad moral” para llevar las riendas de la nación por sus nexos con la brasileña. Odebrecht presentó documentos que confirmaban la relación con Kuczynski, quien fue consultor por varios años, ante una comisión investigadora del Congreso. El partido opositor le sacó provecho al vínculo.
No obstante, la agencia DPA reportó que a través de un
portavoz en Lima, “Odebrecht aclaró que el contenido de los documentos no
implica delitos y que el mandatario no negoció las consultorías, por las que la
constructora pagó un total de casi ocho millones de dólares”.
En paralelo, tres gobernadores fueron investigados por
supuestamente recibir sobornos de la constructora, mientras que cuatro
poderosos empresarios peruanos fueron recluidos en diciembre de 2017 en una
cárcel común de Lima. El mismo juez que ordenó la medida “dictó detención
provisional de 18 meses contra el ex presidente Alejandro Toledo en febrero, y
en junio contra el también ex mandatario Ollanta Humala, encarcelado desde
entonces en forma provisional por supuestamente lavar dinero dado por
Odebrecht”, reportaron las agencias. Las acusaciones apuntan a la recepción de
financiamiento de la compañía para las campañas electorales.
En Brasil, el ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva
está a días de una posible condena de más de nueve años de prisión, en caso de
que la máxima corte del país rechace -el próximo 4 de abril- el recurso
interpuesto por la defensa para impedir que el ex mandatario vaya a la cárcel.
Al dirigente obrero, que aspira a ser candidato
presidencial en los comicios del 7 de octubre de este año, se le acusa de haber
aceptado de la empresa OAS la reforma de un apartamento de tres pisos ubicado
en Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora. El monto de las
refacciones se estima en más de 3,7 millones de dólares.
En junio de 2007, el ex ministro de Economía de Brasil
durante la presidencia de Lula, Antoncio Palocci, fue condenado a 12 años y dos
meses de prisión por crímenes de corrupción y lavado de dinero. El Ministerio
Público (MP) lo acusó de ser parte de la red de corrupción para favorecer a
Odebrecht en licitaciones con la estatal Petrobras.
En Ecuador, el vicepresidente de la República, Jorge
Glas, fue condenado a seis años de prisión por haber recibido sobornos de la
constructora. El ex director de Odebrecht en Ecuador, Jose Conceição Santos,
declaró que el vicepresidente pedía dinero por cada contrato con la brasileña,
testimonio que fue clave en la polémica condena.
Santos también denunció al ex contralor de Ecuador,
Carlos Pólit, por recibir coimas a cambio de borrar sanciones y multas de la
constructora. Pólit “tenía un poder impresionante, hacia lo que le daba la
gana”, denunció Santos. En otras naciones de la región, han sido numerosos los
funcionarios salpicados.
Anuncios sin
resultados en Venezuela
Si bien la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que
investigaría la trama de corrupción para dar con los responsables y el
Ministerio Público, durante los capítulos finales de la fiscal Luisa Ortega
Díaz, aseguró que destaparían los guisos, no ha habido información oficial
sobre las investigaciones por la trama de corrupción. Los nombres de los
involucrados en la recepción de coimas no han sido develados.
En enero de 2017, Ortega Díaz informó que se solicitó una
orden de aprehensión contra una persona por estar presuntamente vinculada con
el caso Odebrecht, pero no hubo datos posteriores sobre el acusado. El 14 de
febrero se ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de
la constructora en Venezuela por la trama de corrupción.
“Investigamos 20 grandes obras de infraestructura, de las
cuales nueve fueron ejecutadas y once están paralizadas, entre las cuales está,
por ejemplo, el tercer puente sobre el río Orinoco. En las obras paralizadas,
el Estado canceló un monto aproximado de 30 mil millones de dólares. Pese a que
el Estado pagó los 30 mil millones, esas obras no se terminaron”, dijo Ortega
Díaz a la organización Transparencia Venezuela. Entre las irregularidades,
identificaba sobreprecios y distracción de fondos.
En mayo, la organización solicitó a la Fiscalía
investigar la supuesta financiación ilegal de la última campaña electoral del
ex presidente Hugo Chávez. La petición la realizó luego de la delación de
Mónica Moura, esposa del publicista brasileño Joao Santana, responsable de
idear la campaña Chávez, corazón del pueblo.
En la declaración ante el Ministerio Público Federal de
Brasil, Moura informó que en una reunión en 2012 con el entonces canciller
Nicolás Maduro se acordó el pago de 35 millones de dólares por la campaña. $11
millones del total se harían en efectivo. “Informa la colaboradora que el
canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la
campaña de reelección se hicieran con recursos no declarados, siendo que los
pagos extraoficiales serían hechos por Odebrecht y por Andrade Gutiérrez”, se
lee en el escrito, reseñado por Transparencia Venezuela.
Cinco meses después, en julio de 2017, Ortega Díaz
reiteró que ya estaban identificados los funcionarios involucrados en la red de
corrupción y que, de hecho, contaban con los contratos en la mano, pero no
develó sus nombres. Un mes después, informó que a través de la compañía TSE
Arietis, propiedad de familiares del vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el dirigente recibió 100 millones de
dólares como soborno.
El fiscal general nombrado ilegítimamente por el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), Tarek William Saab, desestimó las acusaciones y
calificó a Ortega Díaz como negligente. El caso fue, sin más, engavetado.
La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) decidió
suspender temporalmente del gremio a la Constructora Norberto Odebrecht en
marzo, “objetada por razones éticas, hasta tanto la asamblea general tome una
decisión definitiva sobre su conducta o se mantengan abiertas en los organismos
oficiales averiguaciones legales que comprometan su ética empresarial”.
Las peticiones de Transparencia Venezuela no atendidas
Las solicitudes de la organización Transparencia
Venezuela, a propósito de la operación Lava Jato, han sido claras:
Uno. La publicación de todos los contratos de obras con
las empresas brasileñas en los últimos doce años para conocer fecha de
culminación, fuente de financiamiento, costo total de cada las obra y deudas
contraídas.
Dos. Una investigación exhaustiva y abierta para
descartar que se hayan aplicado en Venezuela las prácticas de corrupción que
están siendo investigadas por la Fiscalía brasileña en las empresas Odebrecht,
Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, que son las que tienen
presencia en Venezuela.
Tres. Una investigación sobre el impacto del posible
lobby del ex presidente Lula Da Silva en la asignación de contratos a las
empresas brasileñas. Entre los años 2003 y 2010, Venezuela recibió al
presidente Lula en 16 oportunidades, por su parte el presidente Chávez visitó
Brasil 20 veces en el mismo lapso.
Cuatro. Que el Gobierno nacional informe al país el
estatus de las obras contratadas a las empresas brasileñas, y cómo se verán
afectadas por el proceso judicial que avanza en Brasil. Solicitamos información
sobre las 32 obras asignadas a Odebrecht, las 4 a Camargo Corrêa, las 3 a
Andrade Gutiérrez y una a Queiroz Galvão.
Cinco. El Gobierno debe informar cuál fue, o es, la
fuente de financiamiento de estas obras y las deudas que actualmente tiene la
República con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) y
otros bancos internacionales por concepto de contratación de estas obras.
Las demandas han sido desatendidas y, como frente a los
reclamos por la crisis humanitaria, impera el silencio oficial.