El economista Víctor Álvarez dijo que nuestro “tejido
industrial” no solo ha perdido más de diez mil industrias, sino que además el
parque existente está trabajando a un 40% de su capacidad instalada, como
mucho.
La afirmación la hizo durante un foro organizado el
pasado jueves el Instituto Venezolano de Investigaciones Sociales en el que
presentó doce propuestas (de un grupo de economistas) para apoyar la
reactivación del aparato industrial y, en última instancia, la regeneración del
tejido industrial del país.
“Tenemos una densidad industrial muy baja con respecto al
resto de los países de la América Latina. No llegamos ni siquiera a un
establecimiento industrial por cada mil habitantes; que sería menos que
Colombia”.
Citó datos de Conindustria que habla de la existencia de
unas 3 mil 800 industrias; de las cuales 3 mil 200 pertenecen al sector privado
y 600 son propiedad del Estado, y que están operando al 40% de su capacidad
instalada; dándose casos como el de la industria de partes y piezas
automotrices que está trabajando al 20% de su capacidad; mientras las ensambladoras
están en cero.
“En el año 1999 teníamos 14 mil establecimientos
industriales, hoy quedan apenas 3 mil 800, y eso que están trabajando a media
capacidad instalada; de modo que eso nos sugiere un primer objetivo de la
política industrial: la reactivación de lo que ya está hecho”.
De acuerdo a Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, país ha alcanzado su grado de industrialización cuando
su sector manufacturero aporta el 20% del Producto Interno Bruto. En la década
de 1990 Venezuela llegó a tener una participación de 17,8%.
Hoy en día, agregó el también Premio Nacional de
Ciencias, la industria manufacturera ha caído a13%; un nivel similar al que
vivió Venezuela en la década de 1950 previo a la política de sustitución de importaciones.
Para Álvarez, los principales problemas que confrontan
las empresas industriales son: falta de proveedores en materia prima; falta de
divisas; incertidumbre política; controles de precio; racionamiento eléctrico;
baja demanda; falta de proveedores de maquinarias y equipos; obsolescencia;
falta de financiamiento; falta de mano de obra calificada; conflictos
laborales; acceso a la exportación; competencia desleal de productos
importados.
“Aquí hay una agenda de problemas a los que ay que darle
respuesta”, agregó.
Para Álvarez, lo primero que hay que propiciar es la
creación de nuevas condiciones macroeconómicas; resolver los principales
desequilibrios; poner en marcha una política, que dé señales de mejoría y de
progreso; así como toca simultáneamente abordar el tema de la reactivación de
la producción.
Se preguntó que cuál debería ser el precio del dólar en
caso de que no se haya adoptado una dolarización, así como una caja de
conversión; y se haya mantenido el bolívar. Respondió que esa tasa de cambio de
equilibrio debe estar fijada de modo que exprese la verdadera productividad
económica; la “verdadera” competividad del aparato productivo, y,
particularmente, de la industria, y que, preferiblemente, sea subvaluada, de
modo que los exportadores no petroleros puedan ofrecer sus dólares en el Dicom.
“El otro tema importante es el de la fijación de precios.
En un proceso que estimula la inversión extranjera, la inversión nacional, la
repatriación de capitales, la reactivación del aparato productivo nacional; la
tendencia entonces es que aumente la oferta de bienes y servicios. Entonces,
ese mismo proceso va a ir abatiendo las presiones inflacionarias, y, en la
medida en que sean muchas las empresas que compitan, será en ese proceso donde
se irán ajustando los precios”.
De modo que, a su juicio, no harán falta rígidos
controles de precios que obligan a las empresas a vender por debajo del costo
de su producción.
También reportó datos de las Naciones Unidas que indican
que Venezuela es la peor economía de la América Latina para el emprendimiento;
que figura de último, además, en materia de estado de derecho; y que en materia
de competitividad se revela que nuestro país tiene el peor marco institucional
entre 144 países estudiados.
“Hay leyes y penas que se aplican sumariamente. La Ley
Orgánica de Precios Justos, por ejemplo, da para que los fiscales lleguen
pateando puertas; confiscando la mercancía; metiendo preso al gerente, a los
accionistas; sin derecho a la defensa. Ese es el tipo de cosa que hay que
corregir, sino el clima de terror que hay en Venezuela corre a cualquier agente
económico. ¿Qué nuevas empresas se pueden crear si eso no se resuelve?”.
Habló de la Ley del Banco Central de Venezuela; de la Ley
de Ilícitos Cambiarios; la Ley de Precios Justos, la del INCES; la Ley Orgánica
de Ciencia y Tecnología; la Ley de Impuesto Sobre la Renta; la Ley
Antimonopolio; la Ley Antidoping; la Ley de Concesiones; la Ley de Inversiones;
la Ley del Mercado de Capitales.
“Cada una de estas leyes está asociada a una institución.
Son instituciones viejas, obsoletas; atiborradas de una nómina absolutamente,
burocratizada; sin sistemas de información, y habrá que entonces comenzar
también esas instituciones para crear ese ambiente mucho más propicio a la
actividad productiva”,
Dijo que aquí se planteaban tres grandes objetivos:
reactivar la industria existente; impulsar la reconversión industrial, la
modernización del parque industrial; e ir a la reindustrialización, la
regeneración del tejido industrial del país.
